De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, “el cambio climático podría empeorar significativamente las perspectivas económicas a largo plazo y exacerbar las desigualdades en América Latina y el Caribe (ALC)”.
Por el contrario, entre los hallazgos en 2022, se plantea que “una transición verde efectiva en ALC podría generar potencialmente un 10.5 % más de nuevos empleos hacia 2030”. El análisis se presentó el 7 de noviembre en el marco de la COP27 en Sharm El-Sheik y es elaborado conjuntamente por la OCDE, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (ONU-CEPAL), CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Europea. La edición de 2022 propone avanzar hacia una transición verde y justa.
Trece de los 50 países más afectados por el cambio climático se encuentran en ALC. Este alto riesgo es desproporcionado, pues ALC es responsable del 8.1% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI), lo cual es proporcional a su cuota de la población mundial (8.4%) y ligeramente superior a la participación del PIB global (6.4%), aunque inferior a las emisiones per cápita de otras regiones con niveles de desarrollo similares.
Como se observa en la gráfica 2, México encabeza la frecuencia de sucesos meteorológicos extremos, entendidos como una catástrofe natural que afecta a 100,000 o más personas, o causa un mínimo de 1,000 muertes, o conlleva daños económicos estimados en al menos el 2% del PIB. El incremento entre el periodo de 1980-2000 y de 2001-2022 es notable en la mayoría de los países. De los 11,933 sucesos meteorológicos extremos relacionados con el clima que se registraron en todo el mundo entre 1970 y 2022, un 17.1% se produjeron en ALC. Se prevé un aumento de la frecuencia e intensidad debido al cambio climático.
Adicionalmente, la matriz energética es más verde que la global: las energías renovables representan el 33% del suministro total de energía en comparación con el 13% a nivel mundial. En la perspectiva económica, la publicación reitera la oportunidad de transformar aún más la matriz energética hacia la descarbonización y la electrificación en todos los sectores, especialmente industrias pesadas y transporte. Matiza que “en los sectores más difíciles de descarbonizar, como los productos químicos, el acero, el transporte de mercancías por carretera, la aviación y el transporte marítimo, las inversiones en combustibles alternativos bajos en carbono, incluido el hidrógeno verde y los biocombustibles sostenibles, serán clave”.
La transición energética es una de las cinco áreas prioritarias que identifican los autores. Las otras cuatro son diseñar políticas fiscales sostenibles y compatibles con la transición verde; ampliar el desarrollo de instrumentos financieros innovadores; promover políticas de desarrollo industrial y productivo para transformar las estructuras económicas de ALC y crear más y mejores empleos, fortalecer los mecanismos institucionales para fomentar el consenso sobre las opciones de política necesarias para avanzar la transición verde, y desarrollar y ampliar las asociaciones internacionales.
En el ámbito del empleo, como se observa en la gráfica 3, el cambio en el empleo de sectores verdes en ALC, bajo distintas hipótesis de políticas verdes en comparación con el escenario sin cambios, como porcentaje del empleo base de 2020 en las industrias verdes es bastante relevante hacia 2030.
Suponiendo que, en cada sector verde, el valor agregado y el empleo seguirán la misma dinámica que en los últimos diez años, se prevé que con políticas verdes la productividad total aumentará al menos 1 punto porcentual debido a los menores daños climáticos y al cambio inducido por las nuevas tecnologías.
- Alto impacto supone que el valor agregado de cada sector aumentará en 3 puntos al año.
- Impacto medio asume que el valor agregado aumentará en 2 puntos porcentuales al año.
- Impacto bajo prevé que aumentará en 1 punto porcentual al año.
La urgencia de los gobiernos y organismos para priorizar agendas sostenibles y de transición está fundamentada por los indicadores económicos, sin duda, pero también por las demandas públicas. Actualmente, en promedio, 1 de cada 2 personas en los países de la OCDE considera que el cambio climático es una amenaza grave para sus países, como se observa en la gráfica 4.