Análisis sobre los impactos macroeconómicos de la descarbonización con base en el Panorama Económico Global que publicó recientemente el Fondo Monetario Internacional.
En la más reciente actualización semestral de las Perspectivas de la Economía Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) analiza, entre otros temas, el impacto macroeconómico a corto plazo de la implementación de políticas de descarbonización. Partiendo del hecho de que su aplicación se ha postergado a través de décadas en todo el mundo, considera que lo que podría haber sido una transición lenta y gradual de la humanidad hacia la neutralidad de emisiones de carbono, actualmente tendrá que ser mucho más abrupta si se quiere alcanzar el objetivo climático del Acuerdo de París (2015).
A través de dicho acuerdo, se busca limitar el calentamiento global, de manera que el incremento de la temperatura del planeta se mantenga por debajo de los 2°C y preferiblemente menor a 1.5°C, respecto a la etapa anterior a la revolución industrial. Para este efecto, y con la finalidad de tener la oportunidad de evitar alteraciones climáticas catastróficas, a finales de la década actual, la economía global deberá reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 25% respecto a las emitidas este año. Esto requerirá de una combinación de políticas, como un significativo aumento en los impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), una mayor regulación sobre emisiones y una gran inversión en tecnologías bajas en carbono.
A pesar de los compromisos adquiridos, en general, los países no los han cumplido, por lo que actualmente resulta muy complicado mantener el límite de los 1.5°C, y el de los 2°C se ha vuelto cada vez más difícil. Como se observa en la Figura 1, las emisiones totales proyectadas para 2030 son mayores que las compatibles con esta meta, debido principalmente a dos factores: 1) se estima que no se cumplirá con las políticas actuales, y 2) estas son insuficientes para alcanzarla.
Una de las principales razones para el retraso en la transición energética ha sido la preocupación por los costos económicos de la misma, dado que su impacto inmediato se percibe claramente, mientras que los beneficios se consideran distantes e inciertos. Contraria a esta percepción generalizada, la evidencia de que cualquier costo a corto plazo incurrido para detener el cambio climático se verá eclipsado por los beneficios a largo plazo es muy amplia, dados sus efectos en la producción, la estabilidad financiera y la salud, entre otros.
El ritmo al que una economía puede hacer la transición de los combustibles fósiles a energías limpias depende en gran medida de la velocidad a la que la generación de electricidad puede alejarse de dichos combustibles, particularmente del carbón. Los diversos escenarios estudiados sugieren que se podría transitar hacia tecnologías bajas en carbono con costos de entre 0.15 y 0.25 puntos porcentuales del crecimiento anual del PIB y entre 0.1 y 0.4 puntos porcentuales adicionales de inflación al año.
A pesar de que existe poco consenso sobre las consecuencias macroeconómicas de las políticas de cambio climático esperadas a corto plazo, la principal conclusión del FMI es que, si las medidas correctas se implementan de inmediato y gradualmente durante los próximos ocho años, los costos seguirán siendo manejables y mucho menores a los innumerables costos a largo plazo que generaría la inacción. Ahora bien, mayor dilación en la implementación de dichas políticas solo exacerbará su costo en el futuro.
Los paquetes de políticas climáticas gradualmente incorporados e implementados sin demora solo tendrían consecuencias muy limitadas con respecto a la inflación. Sin embargo, una preocupación destacada en la coyuntura actual es que las políticas de mitigación del cambio climático podrían desanclar las expectativas de inflación, elevando el espectro de futuras presiones inflacionarias impulsadas por los precios de los GEI en un entorno de alta inflación como el actual.
Ante esto, retrasar la acción climática necesaria unos años, hasta que la inflación esté bajo control, parecería una opción viable. Sin embargo, el modelo desarrollado por el Fondo compara un paquete de políticas de mitigación que comienza en 2023 con uno diferido, que comienza en 2027, pero sigue siendo compatible con el objetivo del Acuerdo de París, logrando la misma reducción de emisiones acumuladas en el largo plazo.
Como se aprecia en la Figura 2, el resultado indica que la mayor velocidad a la que debe tener lugar la transición en caso de retrasarse implica un mayor precio de los GEI, lo que a su vez empeora significativamente el equilibrio entre el crecimiento del PIB y la inflación. Así, mayores incrementos anuales en el impuesto a los GEI generarían directamente mayores aumentos en la inflación general. Además, un período de transición más corto conduciría a una rápida caída en la utilización de capital para la producción de combustibles fósiles, con un alto costo para las empresas y su rentabilidad.